MÉXICO, DF :: La Razón :: 26 de diciembre de 2009.

El Consejo para la Ley y los Derechos Humanos pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer las investigaciones sobre la trata de personas y presunta esclavitud descubiertas en un falso centro de rehabilitación contra adicciones conocido como "Los Elegidos de Dios".

El presidente del organismo, Fernando Ruiz, señaló que el Ministerio Público de la Federación debió encargarse de las indagatorias, pues por la forma en que operaba ese centro se configura la delincuencia organizada, y además la trata de personas es un delito federal.

Por otra parte, recordó que México ha firmado diversos instrumentos internacionales para prevenir y erradicar la trata de personas, como a su juicio se ejercía en ese centro cercano a la Central de Abasto, donde reclutaban a personas que hacían trabajar 16 horas diarias.

Destacó que en el Distrito Federal y en muchas de ciudades del país existe la trata de personas; y en este caso, añadió, se practicó la explotación laboral y sexual, lo cual debe ser castigado, porque finalmente ejercieron trabajos contra su voluntad y privados de su libertad.

Quienes manejaban el centro "Los Elegidos de Dios" obligaban a los internos a trabajar en la producción de diversos objetos, a manera de maquila, mismos que ellos cobraban por pieza y a quienes trabajaban sólo les daban muy poca comida, abundó.

A su juicio, ese tipo de operación es encabezada por bandas organizadas, que así como tenían un centro de producción pudieron haber tenido varios más que hacían pasar como lugares de rehabilitación de drogas.

En cuanto a las víctimas, refirió que se trata de personas de escasos recursos, "muchos sin educación académica, pero todos ellos trabajadores, a quienes obligaban a cumplir con jornadas laborales muy largas y a quienes mantenían incomunicados".

La mayoría de ellos eran de provincia, incluso señaló que había trabajadores de 12 entidades del país y que mantenían entre 100 y 200 personas encerradas, trabajando, sin recibir remuneración económica, sino sólo la comida y el lugar para dormir.

Por ello, Fernando Ruiz consideró que en esos hechos estarían involucrados particulares, policías y autoridades delegacionales, con lo que se reúnen las condiciones que señala la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por lo que así debe investigarse, juzgarse y sancionarse.

Estamos ante actos que pueden ser calificados como delincuencia organizada, ya que hay la participación de más de tres personas, con funciones determinadas dentro de la organización y existe rango dentro de dicha organización para la comisión del delito de privación ilegal de la libertad con fines de explotación laboral y sexual, enfatizó.

Fernando Ruiz exigió a la PGR que no permita la impunidad de funcionarios del Distrito Federal, ya sea del gobierno central, la delegación, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

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· Desde el mes de mayo alertamos al Gobierno del Distrito Federal de operativos irregulares frente a las poblaciones callejeras, sin recibir respuesta alguna ni haberse realizado una investigación profunda sobre lo denunciado, ni la modificación de las acciones en curso.

· El caso del anexo "Los elegidos de Dios" junto con los de Casitas del Sur y la Guardería ABC, reitera la necesidad de que el Estado Mexicano asuma a plenitud su obligación de protección de las poblaciones excluidas o en situación de vulnerabilidad, prevista en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

· El sistema de salud no ofrece alternativas de tratamiento residencial para las adicciones, por lo que en el país existen cientos de ‘‘anexos'' privados, sin regulación, ni supervisión de las autoridades.

 · Es urgente aplicar los lineamientos del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal para la atención de las poblaciones callejeras, considerando un presupuesto suficiente para el mismo.

· Exigimos detener de forma inmediata la limpieza social de grupos callejeros e investigar la participación de servidores públicos de la ciudad de México.

· Invitamos a las empresas Liverpool, GAP, Palacio de Hierro y Telcel a cumplir con los principios del Pacto Mundial en Materia de Derechos Humanos, Trabajo y Medio ambiente, garantizando que sus proveedores se apeguen a códigos de ética y estándares de comportamiento definidos.

 El reciente operativo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en un ‘anexo' denominado "Los elegidos de Dios" descubrió que se mantenía en condiciones de explotación laboral y sexual a 105 personas, quienes en su mayoría fueron privadas de la libertad por sobrevivir en el espacio público. Este acontecimiento se suma ya a numerosos casos de explotación y trata de personas con diversos fines, que más que hechos aislados, se han convertido en una práctica sistemática de la delincuencia organizada, y al mismo tiempo denota la enorme debilidad de las instituciones en el orden local y federal para prevenir y combatir estos delitos.

 En los medios de comunicación la PGJDF señaló que respondió a una demanda presentada el pasado mes de septiembre por una persona que logró escapar del citado ‘anexo'. El Procurador Mancera Espinosa reconoció en medios de comunicación desconocer el aviso de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y El Caracol AC sobre la existencia del anexo que operaba de forma irregular. El pasado 2 de junio éstas organizaciones enviaron un oficio dirigido al Jefe de gobierno Marcelo Ebrard y a los jefes delegacionales de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, señalando que la actuación del citado ‘anexo' se orientaba hacia la población callejera. Se alertó sobre un posible acuerdo del anexo con servidores públicos delegacionales para la limpieza social en la ciudad, en el marco de la ‘recuperación de espacios públicos' realizado , especialmente en el Centro Histórico y en Av. Congreso de la Unión. No se recibió respuesta a la notificación, tampoco se llevó a cabo una investigación de lo denunciado y los operativos continuaron.

 La lamentable situación encontrada en el Anexo mencionado se convierte en un reclamo ético y político al Estado Mexicano para superar sus actuales omisiones en la atención y protección de las poblaciones callejeras que sobreviven en el espacio público, desde hace más de seis décadas. La llegada y permanencia de estas poblaciones en las calles son la expresión más lacerante de la negación y violación de sus derechos humanos, y resultan de su invisibilización y exclusión social acumuladas. El fenómeno callejero evolucionó del llamado "niño de la calle" hasta convertirse en un grupo demográfico que ahora incluye a niños, niñas, mujeres, jóvenes, familias, adultos y ancianos, con una red social de sobrevivencia y cultura propia. Generalmente se desconsiderada su calidad de personas y ciudadanos y viven una sistemática discriminación y violencia institucional .

 En el capítulo 31 del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal presentado en 2008 y en la Recomendación 23/2009 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, emitida del pasado 29 de septiembre, se mencionan los llamados ‘anexos' vinculados a violaciones de derechos humanos. Se señala que desde mayo del 2007, las y los jóvenes retenidos por autoridades delegacionales ya eran enviados a ‘anexos', sólo por su condición de callejeros.

 La ausencia de espacios del sector público para tratamiento residencial de las adicciones en el sistema de salud han permitido la proliferación de cientos de ‘anexos' que se aprovechan de la desesperación de familias y personas que buscan alternativas de atención a sus enfermos ante la falta de recursos para acceder a clínicas privadas. poniendo en riesgo la vida de miles de personas ante la ausencia de atención profesional. Así el ser adicto y pobre se convierte en una doble victimización.

 Las autoridades federales y locales están obligadas por los instrumentos de derechos humanos internacionales a garantizar el derecho de protección a todas las personas sin importar su condición social, cumpliendo con la supervisión de los espacios de atención a grupos altamente vulnerados, como son niños sin cuidado parental, adultos mayores y personas con discapacidad abandonados y en desprotección y usuarios de sustancias que se encuentran en espacios residenciales públicos y privados. Es responsabilidad de las autoridades federales y locales garantizar la aplicación entre otros instrumentos jurídicos, de las directrices de cuidado alternativo de la niñez emitidas por Naciones Unidas (General Assembly A/HRC/11/L.13), así como la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

En este lamentable contexto:

 Invitamos a las empresas Liverpool, GAP, Palacio de Hierro y Telcel a cumplir con los diez principios universales del Pacto Mundial en Materia de Derechos Humanos, Trabajo y Medio Ambiente, especialmente con el "Principio No. 2 Deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos humanos, garantizando que sus proveedores siguen códigos de ética y estándares de comportamiento definidos. Deben ofrecer los mecanismos públicos de verificación que garanticen a las y los consumidores no ser participes de prácticas comerciales asociadas a violaciones de los derechos humanos. (http://www.cinu.org.mx/pactomundial/principios.htm#2)

 Exigimos a las autoridades federales y locales reconocer y detener de forma inmediata la limpieza social de grupos callejeros, así como evitar la discriminación social contra estas poblaciones ejercida bajo un visión de "peligrosidad y mala imagen".

 Recordamos al Gobierno del Distrito Federal y al Gobierno Federal su obligación de cumplir con el art. 21 párrafo IX, Constitucional que señala: "La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución".

 Demandamos que se realice una investigación imparcial y exhaustiva que permita identificar la posible complicidad de servidores públicos del GDF y de otras instituciones y entidades para el castigo de quienes han delinquido en la trata de personas y que se ha evidenciado en distintas denuncias.

Exhortamos al Gobierno del D.F. a que desarrolle una estrategia integral, que permitan documentar el nivel de actuación de la delincuencia organizada en la trata de personas, establecer mapas delincuenciales en esta materia y realizar acciones para prevenirla y erradicarla en coordinación con otros gobiernos locales. 

Llamamos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al G. D.F. a dar prioridad en la asignación del presupuesto, a los recursos necesarios para cumplir con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal que integra un capítulo específico sobre poblaciones callejeras y que incluye las línes de acción que deben aplicar todas las instancias públicas en atención a esta población, altamente excluida.

Red por los Derechos de la Infancia en México

Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras

El Caracol, A.C

Programa Niños de la Calle A.C.

Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, CIDES IAP

Educación con el Niño Callejero, I.A.P. EDNICA

Melel Xojobal, A.C.

Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, MAMA A.C.

Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, MATRACA A.C.

Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C.

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.

Centro Nacional de Comunicación Social AC

Católicas por el Derecho a Decidir, CDD

Fray Francisco de Vitoria, O.P.

Educación y Ciudadanía A.C.

Alternativas y Capacidades AC

Cause Ciudadano AC

Propuesta Civica AC

Equipo Pueblo AC

Convergencia de Organismos Civiles, A. C

Academia Morelense de derechos Humanos, A.C.

Cladem, Morelos

Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos, ODISEA, A.C.

Acción Salud y Cultura, A.C

Centro de Estudios Sociológicos de la FCP y S de la UNAM

Fundación para la Protección de la Niñez IAP,

Patronato Francisco Méndez, I.A.P.

Red Democracia y Sexualidad, DEMYSEX

Ririki Intervención Social, S.C.

Visión Mundial de México

Espíritu que Danza, A.C.

LeSVOZ A. C.

Fundación Ayuda en Acción México Protégeme A.C.

Confederación Nacional Niños de México AC, CONANIMAC

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. -CADHAC-

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C

IPAS México, A.C.

Asociación Nacional de abogados democráticos. ANAD. A.C.

 Padre Miguel Concha Malo

Clara Jusidman

Fabienne Venet

Alma Irene Nava Bello

Juan Martín Pérez García

Ingrith Carreón Morales

Patricia S. Bedolla Zamora

Brisa Maya Solis

Nancy Pérez García

MÉXICO, DF :: La Jornada :: 15 de diciembre de 2009.

Las personas que viven en las calles del Distrito Federal se han convertido en "poblaciones de desecho" que, ante la ausencia de una política social que vele por sus derechos humanos, son retiradas de las calles "para que dejen de estorbar", señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

Durante la conferencia de prensa en la que 38 organizaciones defensoras de los derechos humanos dieron a conocer su postura en torno a la situación de la población callejera, el ombudsman capitalino se pronunció por que se detenga la "limpieza social" que realizan autoridades de la ciudad contra este sector.

Además, consideró necesaria una regulación e intervención por parte del Estado en los "centros de rehabilitación", como el hospital Santo Tomás Los Elegidos de Dios, ya que no se vigilan las condiciones en las que operan, pues en la mayoría de éstos realizan prácticas vejatorias que incluso ponen en riesgo la vida de las personas ahí recluidas.

De hecho, advirtió que aparte de las muertes derivadas de enfermedades o por los problemas propios de las adicciones de los internos, se han registrado decesos en los llamados anexos, que tienen que ver con prácticas de tortura como método de rehabilitación.

González Placencia criticó además los programas de las autoridades del Distrito Federal dedicados a las personas en situación de calle, pues sólo son de asistencia y no atacan de fondo el complejo problema que deriva de este sector.

Además, cuestionó que la policía capitalina justificara su intervención contra las poblaciones callejeras del DF en tres artículos de la Ley de Cultura Cívica, pues los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal deben actuar en función del respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Por su parte, Juan Martín Pérez, presidente de la asociación civil El Caracol, acusó que "desconocidos" han atacado a las poblaciones callejeras a partir de que se revelaron los actos de "limpieza social" que autoridades realizan en la capital del país.

El caso de Los Elegidos de Dios, centro de donde se rescataron 105 personas, debe servir, dijo, para que el gobierno local identifique qué autoridades actuaron de manera inapropiada y para que "reconozca que estas poblaciones callejeras ya no pueden ser atendidas con pequeñas acciones, pues no podemos pensar en una ciudad democrática cuando se violentan sus derechos".

También estimó que la ausencia de tratamientos profesionales en los anexos ha provocado que se utilicen códigos semejantes a los empleados en los reclusorios, convirtiéndolos así en "cárceles privadas", y se ha permitido además que ahí se explote laboral y sexualmente a los internos.

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MÉXICO, DF :: El Universal :: 10 de diciembre de 2009.

El tema de la trata de personas es de alta prioridad para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por lo que recientemente creó el programa contra este fenómeno, señaló el titular del organismo, Raúl Plascencia Villanueva.

En una conferencia magistral en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el ombudsman nacional señaló que el objetivo de este programa es establecer las estrategias y acciones para prevenir, erradicar y sancionar este delito, así como proteger y dar asistencia a las víctimas.

Mencionó que como parte de las acciones del programa, así como considerando que este fenómeno no tiene fronteras y afecta a varios países de la región, la CNDH impulsó el año pasado la creación del Comité Regional contra la Trata de Personas.

Dicho organismo está integrado por los ombudsman de ocho países, entre ellos México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

Durante su exposición, Plascencia mencionó que el Día Internacional de los Derechos Humanos no debe centrarse sólo en la conmemoración, sino en el compromiso de reflexionar sobre 'quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde se quiere llegar y cómo se piensa hacerlo'.

Acotó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dentro de su vocación internacional, ha considerado importante su participación en agrupaciones regionales o universales de instituciones defensoras de las garantías individuales.

En este sentido, la CNDH es miembro de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano, de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, del Instituto Internacional de Ombudsman y del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales.