Cuando el semáforo se pone en rojo, Mario Gómez (así se identifica) salta a la calle dispuesto a limpiarle el vidrio a una camioneta Mitsubishi Montero. Son las 10:00 de la mañana y el bulevar Juan Pablo II está colapsado por el tráfico. Es un momento de estrés para los conductores pero propicio para los niños que trabajan abajo de los semáforos de Tegucigalpa.

Un grito violento frena al menor cuando intenta levantar el parabrisas del Mitsubishi. "No me toqués el carro, cipote. Así dejalo", le dijo su dueño, un hombre bigotudo con lentes oscuros que iba hablando por teléfono.

Apenas bajó el vidrio de la ventana para regañar al muchacho y lo subió velozmente para evitar cualquier contacto con él.

Como ya está acostumbrado, Mario ni se inmutó y pasó al siguiente carro, un Toyota Turismo, manejado por un muchacho de tez blanca, con el que tuvo suerte. Antes de que el semáforo se pusiera en verde, el pequeño logró limpiar el vidrio frontal y el conductor sacó la mano por la ventana media abierta y le dio dos lempiras.

El semáforo se pone en verde y Mario vuelve a la acera a esperar que se vuelva a poner en rojo. Así se la pasa. Hay días que recauda hasta 50 lempiras, otros, menos.

UN NÚMERO MÁS

Para las estadísticas, Mario es uno de los tres mil niños que viven en las calles de la capital y de los 2.9 millones de hondureños entre 12-29 años que habitan en Honduras, de un total de ocho millones de personas.

Forma parte también de los dos millones de menores hondureños en riesgo social y del 58% de hogares pobres, según las últimas publicaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).

Este informe dice también que Mario está entre el 24.1% de los jóvenes entre los 12-18 años que no estudian, ni trabajan. Es posible que tarde o temprano esté entre los 1,517 jóvenes entre los 15-24 años que mueren anualmente, víctimas del crimen común o en el peor de los casos adquirir el VIH-Sida como le sucede al 16% de su grupo.

Él no lo sabe ni le importa. Al caer la noche busca refugio. Unas veces en casa -hogares de la ciudad- o debajo de un puente, edificios abandonados, los mercados, o simplemente en la acera.

Su historia se parece a la de miles y miles de menores que viven en la calle. Tiene 14 años, aunque su cuerpo es como de ocho. Hace seis años dejó su casa en la colonia "Nueva Capital", cansado de los pleitos de sus padres.

"No creo que regrese, la calle es mi nuevo hogar", dice de mala gana, mientras acomoda el dinero recaudado esa mañana. Está rodeado de otros menores que también hacen lo mismo, pero no son amigos.

ABANDONO E INDIFERENCIA
Algo similar le pasa a Israel Aguilar, un menor que fue sacado por el vigilante de una franquicia de comida rápida en el mismo sector del Juan Pablo II. Él duerme en el puente cercano al Estadio Nacional. Mientras se come una hamburguesa que le regaló un cliente a quien no le gustó la acción del vigilante, relata que lleva ocho años viviendo en la calle. Huyó de su hogar porque no le gustaban los malos tratos, ni que su padre golpeara a su mamá. Salió con dos de sus hermanos, pero en el andar se separaron.

Debe tener 15 años. Al hablar de su vida, Israel recuerda las veces que estuvo en los centros del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa) y reconoce que a veces roba a la gente que pasa cerca de él, especialmente a mujeres desprevenidas. No le gusta hablar de su familia. Cuando se le pregunta por su madre, baja la mirada y cambia el tema.

La mayoría de los menores que viven en la calle pasan de los 14 años, según los expertos. No obstante, la legislación hondureña dice que en tanto tengan menos de 18 años, siguen siendo menores de edad.
Ever Meléndez tiene 13 años y proviene del sur. Duerme en los puestos del mercado San Isidro de Comayagüela. Llegó a la ciudad hace cuatro meses huyendo de la pobreza de sus padres. Trabaja limpiando negocios, hace mandados y hasta cuida los carros que le encargan en alguna acera.

Es escurridizo cuando sabe que lo buscan, desconfiado y no habla mucho. El jovenzuelo cambia su semblante cada vez que se le pregunta por sus padres: "No me acuerdo, además a nadie le importa lo que me pasa". Y así por el estilo corren las historias de los niños en riesgo social, cada uno con relatos diferentes. Para algunos es mejor limpiar parabrisas que estar en la casa o en la escuela. Muchos ni siquiera terminaron la primaria y las pequeñas se embarazan entre los 14 y 17 años, según las frías estadísticas.

ABUSO EN AUMENTO
A juzgar por los datos oficiales, el coordinador de Incidencias y Proyectos de Casa Alianza, Hubaldo Herrera, confirma que en Honduras hay por lo menos dos millones de niños que viven en riesgo social, traducido en víctimas de abuso sexual, maltrato físico, explotación comercial/laboral, migrantes y en consumo de drogas y vagancia.

A su criterio, las políticas públicas de los últimos 20 años no han logrado impactar en la reducción de este flagelo. Tomando en cuenta que el 52% de la población hondureña es menor de 18 años, para él es fácil deducir: "Por lo menos dos millones de niños y jóvenes viven en condiciones riesgo social".

Herrera destaca que Casa Alianza atiende unos cinco mil niños en áreas que van desde alimentación, techo, capacitación en oficios, pero admitió que la magnitud del problema rebasa las capacidades tanto de las instituciones no gubernamentales como las del gobierno.

Al respecto, la Fiscal de la Niñez, Nora Urbina, admite que el estado de la niñez hondureña es precario y es un fenómeno en aumento a juzgar por las denuncias que se presentan diariamente en esa dependencia del Ministerio Público, aunque aclara que no maneja con exactitud cifras oficiales. Sin embargo, cree que el comportamiento de las estadísticas se incrementa año con año.

REALIDAD

En una revisión exhaustiva de la legislación vigente y el rol de las instituciones oficiales y no gubernamentales que trabajan en el tema de la niñez, LA TRIBUNA constató los indicadores negativos que presenta la niñez hondureña en las áreas demográficas, educativas, socioeconómicos, empleo, salud, participación y violencia.

Según el informe 2010 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en Honduras viven ocho millones de personas, de las que un 58% es menor de 25 años y de estos un 29% tiene entre los 12-18 años.

El informe revela que el 24% de este último grupo ni estudia ni trabaja. En el caso de las mujeres adolescentes, el 66.8% es víctima de violencia sexual; el 14% después de los 15 años y un 10.5% antes de los 12.

Por el lado de la educación, las estadísticas castigan también a la niñez hondureña entre los 12-18 años, puesto que el 69.9 estudia y trabaja; 37.6 sólo trabaja; y el 24.1% ni estudia ni trabaja, además de que el 6% es analfabeta.

Más preocupante es todavía, conforme a la investigación, la caótica situación financiera y el alto grado de politización que viven las instituciones encargadas de velar por el llamado "futuro del país", como el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa), Instituto Nacional de la Infancia (Pani) y el Programa de Asignación Familiar con rango de ministerio (Praf).

RECORTE

La ministra directora del Ihnfa, Suyapa Núñez, admitió el déficit presupuestario para responder a la demanda de protección de los niños en riesgo social, además de la indiferencia de las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos externos en nombre de los niños hondureños.

Este año, agrega, el Congreso Nacional le recortó 24 millones, dejando su presupuesto en 188 millones de lempiras anuales, los que en un 80% lo destina para el pago de sueldos y salarios.

"Sin presupuesto es difícil actuar, más en una institución con un rol social muy amplio como la nuestra. Se maneja que existe un medio de niños en riesgo social, esto puede darse más porque la situación de pobreza del país y la desintegración familiar va en aumento, pero el Ihnfa apenas protege unos cuatro mil", señala.

"Nos proponemos recoger este año unos dos mil niños de la calle y estamos pidiendo la colaboración de las instituciones no gubernamentales para que nos ayuden en este problema, ya que tenemos registradas unas 300 instituciones pero no tienen un papel activo y más bien se les señala que son de maletín", subrayó la ministra.

En el caso del Pani la situación financiera es peor. La recién nombrada directora Gladys Suyapa Santos reconoce que no tienen fondos para hacer las transferencias de 12 millones de lempiras mensuales que le corresponde al Ihnfa y a otras entidades del gobierno que trabajan con niños y en la prevención de droga.

Esta institución se autofinancia de la venta de la Lotería Nacional pero la pérdida de mercado frente a las loterías electrónicas y una insaciable burocracia que le consume la mayor parte del presupuesto la tienen al borde del colapso financiero. Por su parte, según las investigaciones, el Praf no tiene programas directos de protección a la niñez en riesgo social, sino que su labor se reduce a entregar bonos en efectivo a las familias sin que logren impactar en la reducción en este flagelo.

DESINTEGRACIÓN

Por si esto fuera poco, la desintegración familiar es otro fenómeno que está lanzando todos los días más niños a la calle. De acuerdo a la coordinadora de los Juzgados de la Familia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Lissien Chiuz, cada siete horas se presenta una demanda de divorcio o de alimentos, dejando al descubierto la situación caótica en los hogares hondureños.

A los niños en riesgo social no les importa lo que se diga o se haga en nombre de ellos, después de todo su vida no cambia. Alberto Aguilar tiene 12 años y vende mangos en bolsa en el cruce de la colonia El Prado. Abandonó la escuela porque no le gustaban las tareas y los números, pero es bueno para contar monedas. El pequeño empieza su trabajo a la hora que quiere y según las ganas que tenga.

En días buenos se lleva hasta 100 lempiras pero en días malos no vende nada. Con él venden el "Chucky", "Bemba" y "El Sarco", tres mozalbetes que se salieron de su casa porque los golpeaban, según cuentan. Han intentado regresar a su casa, en la colonia Miramesí pero en el caso de "Bemba", la última vez que regresó no soportó la pobreza y la borrachera de su padre. Los tres son adolescentes y afirman que "no hay mejor madre que la calle".

MÉXICO :: La Jornada :: 02 de agosto de 2010.

En una zona gris conocida por todos pero de la que nadie se hace responsable es donde está situado el tema de las adopciones y la protección de los niños en situación de abandono. El descuido oficial es de tal magnitud que ni siquiera existe un registro de organizaciones privadas que funcionan como albergues y promueven la inserción de infantes en familias sustitutas. Tampoco se conoce la cantidad de menores que carecen de hogar ni el destino de aquellos que fueron adoptados.

Todo porque el Estado mexicano ha omitido cumplir con su responsabilidad y los compromisos adquiridos a escala internacional en instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, que suscribió hace casi 20 años. En 2006, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó su preocupación, entre otros asuntos, por la carencia de un mecanismo central para inscribir el prohijamiento y de que se favorezcan "las adopciones por familias ricas, sin tener debidamente en cuenta el interés superior del niño ni su origen cultural".

Se refiere, de acuerdo con expertos en el tema, a los procedimientos que realizan organizaciones privadas, las cuales proliferaron entre 1989 y 1993 con diversos objetivos, como apoyar a los niños de la calle y a los afectados por alguna discapacidad. En ese auge también se crearon agrupaciones para, supuestamente, ayudar y orientar a las mujeres con embarazos no deseados, sobre la conveniencia de tener a sus hijos y, en todo caso, darlos en adopción.

Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), aseguró que a causa de la falta de control y registros mínimos, la puerta está abierta para la comisión de ilícitos graves, como el lucro y el tráfico de infantes con fines de explotación sexual, en el peor escenario.

Las historias son varias; la más reciente, la de Casitas del Sur, lugar donde supuestamente se daba albergue a niños en situación de abandono. De ahí desaparecieron 11 menores, cuyo paradero aún se desconoce. Y todo se ha reducido a un conflicto judicial en el que hay culpables pero no responsables. Lo mismo sucedió con la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, señaló Fuentes.

Otros son los casos de las personas que al amparo de una asociación civil ofrecen y comercian a los niños, recién nacidos principalmente, a los que "dan en adopción" al mejor postor, a veces en el mismo hospital donde se da el alumbramiento.

Son múltiples las historias que en el transcurso de los años se han registrado y ahí han quedado, porque el marco legal no alcanza para garantizar la protección efectiva de la infancia en México, afirmó Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Lo anterior, no obstante la existencia de las leyes para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la de Asistencia Social, en las cuales se plantea la obligación del Estado en este rubro.

La realidad es que la estructura gubernamental no cuenta con un organismo responsable de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la infancia. Ni el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cumple con esta tarea, a pesar de que durante años estuvo en el imaginario social como la instancia protectora de ese sector de la población.

De hecho, carece de las facultades jurídicas y administrativas para desempeñar una función de rectoría a escala nacional, reconoció Mónica Ríos, directora general jurídica y de enlace institucional del DIF nacional. Los asuntos relacionados con la familia, incluida la adopción, son atribución de leyes y organismos estatales. No existe una relación de subordinación con respecto a la instancia federal.

A pesar de ello, indicó que en los pasados dos años el DIF nacional ha realizado algunas acciones encaminadas a "convencer" a las entidades federativas de la necesidad de armonizar las normas en el ámbito de las adopciones. Todo "en la medida que la ley y las facultades lo permiten", puntualizó.

Resultado de foros regionales con jueces y magistrados de lo familiar y legisladores del país, los participantes acordaron como criterio principal que la adopción es una herramienta jurídica para restituir al niño su derecho a vivir en familia.

Sobre esa base tomaron una serie de acuerdos para eliminar situaciones que vulneran las garantías fundamentales de los infantes y limitan sus posibilidades para incorporarse a una familia, la suya o una sustituta.

En las conclusiones de los foros, jueces y legisladores acordaron, entre otras cuestiones, prohibir las adopciones directas, que se realizan como un arreglo sólo entre particulares; en todos los casos el certificado de idoneidad del o los interesados en adoptar a un niño será otorgado por una institución pública (el DIF), aunque el trámite haya sido promovido por una organización privada.

Además, los jueces verificarán que en el proceso no exista lucro, donativo o prestación económica de ninguna de las partes, y se favorecerá la figura de la adopción plena, con la cual el adoptado adquiere todos los derechos como hijo y miembro de una familia.

Para ser efectivos, estos y otros acuerdos deberán plasmarse en las leyes estatales, lo que queda a criterio de cada gobierno local, comentó Mónica Ríos. En algunos de ellos ha habido avances concretos, como en Durango, que en diciembre de 2009 promulgó la Ley de Adopciones estatal; el estado de México, que reformó su legislación para que todas las adopciones se realicen por conducto del DIF local; en Aguascalientes ya existe un proyecto de decreto para agilizar el trámite de pérdida de patria potestad, el cual en no pocas ocasiones es el principal obstáculo para que los infantes sean susceptibles de ser dados en adopción.

Para Mario Luis Fuentes, ex director del DIF nacional, el panorama es dramático, porque el Estado ha renunciado a su responsabilidad como rector de la política pública en materia de asistencia social y protección de la infancia, particularmente. Con el argumento de la descentralización, se ha dejado a los DIF estatales actuar a su libre albedrío.

A ello contribuyó el ex presidente Vicente Fox con la creación del Consejo de Infancia y Adolescencia, que asumió las responsabilidades que pertenecían al DIF nacional, recordó.

El organismo ya no existe, pero mientras, el DIF se "pulverizó" al grado de que en Chiapas el organismo fue sustituido en el año 2000 por el Instituto de Desarrollo Humano. Aunque en 2007 el gobernador Juan Sabines emitió un decreto por el que reconstruyó el DIF en la entidad.

Desde otra perspectiva, Martín Pérez García señaló el error cometido desde la creación del DIF. Su misión ha sido velar por el desarrollo integral de la familia, y por medio de ésta se ve a los niños, aun cuando la Convención sobre los Derechos del Niño los ubica como sujetos de derecho.

De ahí que los menores abandonados o callejeros no entran en el esquema del DIF y más bien quedan en un nivel secundario. Por eso, dijo, no hay el interés por contar con información sobre la cantidad de infantes que carecen de un hogar, aunque tampoco se dispone de otros datos como el monto del presupuesto destinado a la infancia.

En México viven 37 millones de personas menores de 18 años y, si acaso, es posible ubicar una cantidad mínima de dinero asignado en el presupuesto federal a este sector, como la compra de vacunas, otras acciones de salud, el dinero para el DIF y algunos aspectos en educación, las que en conjunto representan apenas 3 por ciento del gasto total del país, apuntó.

Un nuevo hogar

Los trámites de adopción que se realizan por conducto del DIF son gratuitos y por las reformas efectuadas en los años recientes, los solicitantes obtienen el dictamen de idoneidad en 100 días, contados a partir de que entregan su expediente completo, el cual se integra con base en los criterios establecidos en cada entidad. El requisito principal es que la o las personas tengan como objetivo ser padres.

Mónica Ríos comentó que después de los trámites los solicitantes pasan por una prueba mayor, que es la lista de espera por el limitado número de pequeños que son susceptibles de ser dados en adopción. Y es que generalmente requieren niños menores de cinco años de edad.

El día de la entrevista con este diario, el organismo tenía una lista de espera con 50 solicitantes ya aprobados para adoptar, los cuales llevaban tres años, en promedio, aguardando para poder cumplir su anhelo.

El DIF nacional cuenta con cuatro albergues, dos casas cuna y dos casas hogar, donde se encontraban 338 niños y niñas, de los cuales sólo 36 reunían las condiciones legales para acceder a una familia sustituta, pero con el "problema" de ser mayores de cinco años de edad.

A partir de este rango es más difícil que alguna persona se interese en adoptarlos, explicó la funcionaria, y menos aún si forman parte de un grupo de hermanos, pues éstos nunca son separados. Al momento de preparar esta información, en los albergues del DIF nacional ubicados en la ciudad de México había cuatro grupos de tres hermanos, y dos más con un par de ellos.

Independientemente del monto de sus ingresos, los solicitantes deben acreditar que se organizan y, aunque su salario sea bajo, que podrán ofrecer al niño la estabilidad y el amor que necesita. "Así como la pobreza no es motivo para separar a un niño de una familia, tampoco lo es para negarle un hijo", aseguró la funcionaria.

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