Callejeros

Opinión y debate
Juan Martín Pérez García*
Entre la discriminación y el olvido
en Revista El DFensor de la CDHDF
Estado y sociedad frente al consumo de drogas
Septiembre 2007

Mauro Mejía no tenía que morir. El pasado 31 de octubre de 2006 después de insistentes llamados de auxilio a los servicios de emergencia de la ciudad, se presenta la ambulancia UM0578 del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Los paramédicos encuentran a un joven callejero que ya no puede hablar ni moverse, sus piernas y brazos ya no tienen fuerza. En harapos y con olor desagradable ocasiona repulsión a los tripulantes de la ambulancia, quienes sólo comentan: “Está drogado, que ya no se drogue y denle de comer”. Sus compañeros de calle insisten a los paramédicos en la urgencia de llevarlo al hospital ante la clara gravedad del caso. Se niega el traslado argumentando que no lo necesitaba. El joven Mauro murió al día siguiente.¹

¿Acaso Mauro es el responsable de su muerte? La respuesta es no. Sólo era responsable de su consumo y de su voluntad de cambio. El gobierno de la ciudad de México y sus instituciones deben garantizar –de forma suficiente y eficiente– servicios médicos y espacios de tratamiento profesional para que las personas con problemas de adicción encuentren alternativas de atención que les alejen del consumo. La muerte de Mauro Mejía nos muestra, a manera de paradigma, cómo la discriminación por condición social puede llegar al extremo de quitarle la vida a una persona.

¿Responsabilidad individual o fenómeno económico y cultural?

Diversos estudios sobre el fenómeno social del consumo de sustancias identifican el problema en alguna dimensión social, pero generalmente se reduce al ámbito individual (factores de riesgo y personalidad) y su entorno (estructura familiar, vínculo afectivo, carencias, déficit de habilidades sociales, etcétera). Sin restar importancia a estos factores, resulta necesario mirar el fenómeno desde otra perspectiva para ponderar otros posibles desencadenantes. Se requiere mirar el consumo de sustancias como un fenómeno masivo, identitario y excluyente.

La cultura occidental ha instaurado el Hedonismo y la ideología del consumo³ como parte de la identidad cultural hegemónica mundial: consumir para existir (homo consumer). Se pondera la experiencia gratificante (placentera) del consumo por sobre los daños colaterales, en sociedades con altos niveles de insatisfacción.⁴ Vivimos la época del Placer autoadministrable. Las sustancias y las relaciones sociales asociadas al consumo se han incorporado como elemento cultural de identidad para los usuarios, de ello existen diversas expresiones creativas en la música y en las crecientes identidades juveniles.

Partiendo del análisis sociológico, el consumo de sustancias se puede comprender como una herramienta de control social para poblaciones en riesgo potencial: jóvenes excluidos, minorías étnicas, sociedades pobres,territorios invadidos, entre otros. Basta con recordar la guerra del opio, momento histórico en el que los ingleses utilizaron esta droga como arma de control sobre los pueblos orientales invadidos.

Vale la pena enfatizar que en la actualidad las drogas son parte de la economía global. El narcotráfico es un negocio que genera ganancias de miles de millones de dólares, resultado de la industrialización de sustancias que se manejan con las leyes del mercado. Asimismo, es pertinente reconocer la consolidación del modelo empresarial en el delito organizado y su incorporación gradual a las economías nacionales. Con la globalización de los mercados se consolida el meta-Estado del capital, debilitando a los gobiernos nacionales y regionales.⁵ Así el dinero negro se incorpora activamente como capital en todos los niveles de las economías del mundo. En consecuencia, y como factor desencadenante, la clase política encuentra importantes beneficios económicos en la corrupción, permitiendo la coexistencia y omisión frente al narcotráfico internacional.

La droga como exclusión y negación de derechos

El consumo de drogas es una expresión de la exclusión social⁶ y la negación de derechos humanos. La exclusión no es sinónimo de pobreza, va más allá; esencialmente nos referimos a la negación del ejercicio de los derechos humanos.

Las y los usuarios de sustancias expresan que la discriminación es uno de los fenómenos de exclusión social más inquietantes. Ésta se da no sólo por condición económica, sino por la representación social negativa que se le asigna al consumo.

Este hecho contribuye a que la exclusión se perciba con normalidad, motivo por el que este sector padece dificultades para acceder a servicios básicos de educación y salud; escases o nulidad de espacios de participación; vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos ciudadanos; indefensión ante la violencia y discriminación social; enfrentamiento con leyes que criminalizan al individuo (exculpando su origen estructural); estigmatización que niega o limita el ejercicio de derechos y; exclusión al violentar los estereotipos idealmente asignados.

Por ello, de no existir una política pública que reconozca y atienda las dimensiones del fenómeno social del consumo, será imposible que las y los usuarios de sustancias enfrenten solos la inequidad en la distribución de la riqueza, los problemas familiares y comunitarios, los paradigmas jurídicos punitivos, el estigma social de peligrosidad y el desconocimiento de sus derechos; colocándoles en una situación de exclusión social que se perpetua así misma por la insuficiencia de recursos propios y la carencia de habilidades sociales adecuadas.

En el caso particular de los niños, niñas, mujeres y jóvenes consumidores la vulnerabilidad económica y social se manifiesta en un incremento de la tendencia a la exclusión y la privación de oportunidades. El estigma social que le impide conseguir empleo formal y la carencia de redes sociales positivas que sostengan los procesos de inclusión, todo ello los mantendrá en la exclusión. Esto favorece la propensión que se involucren en redes de informalidad e ilegalidad, como expresión de las limitaciones estructurales para ser incluidos. Una espiral descendente de acontecimientos negativos expresaría la idea de las y los consumidores de tocar fondo.

El complejo proceso de cambiar paradigmas

Hasta ahora la mirada tradicional con la que se ha pretendido atender el consumo problemático de sustancias parte de una visión moralista y criminalizante, que sustenta su intervención en la negación de los derechos de quienes viven la exclusión social por el consumo de drogas.

Todavía es normal para el imaginario social que la voz de la población usuaria sea ignorada por considerar que atentan contra si mismos y carecen de facultades para cuidarse, por lo que se prioriza la decisión de otros sobre la vida de la o el usuario.

La privación de la libertad contra la voluntad del paciente es lo más frecuente y, en la misma proporción, es el fracaso en el mantenimiento de la abstinencia. Está demostrado que los encierros forzados en clínicas de adicciones sólo incrementan la ansiedad, los cuadros depresivos y la violencia de los pacientes. Es probable que alguien exija el reconocimiento de los casos que han tenido éxito con métodos obsoletos e informales, sin embargo, no son validos para justificar intervenciones que violentan la dignidad humana y el derecho a la libertad.

No es de sorprender la actual incomprensión y rechazo a un enfoque de derechos en el ámbito del uso problemático de sustancias. La mirada tradicional que ahora sustenta la mayoría de las intervenciones tendrá que vivir un tránsito lento, accidentado y continúo rumbo al reconocimiento de los derechos humanos como criterio de calidad en la intervención. El cambio de paradigma representa un gran reto para los profesionales del tema, ya que implica la necesidad de resignificar el papel del terapeuta/médico/educador y desarrollar nuevas metodologías que incluyan –de forma protagónica– a las y los usuarios como corresponsables de su propio tratamiento.

El siguiente cuadro, elaborado ex profeso para este artículo, muestra los polos opuestos entre una mirada y otra, a través de distintas categorías de análisis. Cabe destacar que, aún de forma incipiente, existen espacios, iniciativas y experiencias que ya avanzan en un tránsito de paradigmas para modificar su práctica social.

Las dificultades de atención en la ciudad de México

Actualmente, esta gran urbe enfrenta un grave déficit en el sistema de salud, más allá de la baja inversión en la infraestructura hospitalaria y los conflictos sindicales ocasionados por la precariedad laboral del sector, el mayor problema está en la jerarquía de prioridades de atención sanitaria. En la mirada tradicional se priorizan los temas de emergencia: vacunación en primera infancia, salud materna y padecimiento de temporada. El presupuesto destinado a padecimientos crónicos es insuficiente para la demanda de servicio. Lamentablemente uno de los últimos temas a considerar en el sistema de salud de la ciudad es el abuso de sustancias, ya que se parte del estigma que acompaña a los usuarios, a quienes se les responsabiliza de hacerse daño a sí mismo y a la sociedad considerando que no es pertinente invertir en ellos. Por lo anterior la ciudad carece de suficientes espacios de tratamiento profesional. Hasta este momento sólo se identificaron tres instalaciones especializadas en el tema, las cuales no suman más de 50 camas de hospital para una ciudad con 10 millones de habitantes.

Para atender este problema, la estrategia oficial se basa en la canalización de pacientes a espacios atendidos por las organizaciones sociales y a los llamados “anexos” que reciben usuarios incluso contra su voluntad. La realidad es que el Distrito Federal tiene un gobierno normativo pero con escasa oferta de servicios públicos, además es inquietante que aun cuando los ámbitos federal y local comparten el espacio territorial de la ciudad de México resulta mínima (y casi anecdótica) su articulación para alcanzar complementariedad en los servicios para las y los usuarios de sustancias. Un análisis básico permite asegurar que sus prioridades se definen desde otros intereses y no desde un enfoque derechos.

Ante la ausencia de espacios de tratamiento profesional y el nulo reconocimiento de la participación protagónica de las y los usuarios, éstos recurren a ámbitos informales (anexos o grupos de autoayuda), maniobras terapéuticas no médicas (juramentos a santos, limpias, hierbas, etcétera) y estrategia de autocontrol diversas; lo cual no garantiza sostenibilidad en el tiempo. De ahí que las recaídas, el daño orgánico y la muerte pueden convertirse en la normalidad de la exclusión social por consumo de sustancias.

La ciudad de México necesita desarrollar políticas públicas con infraestructura y asignación de recursos, que reconozcan la evolución y complejidad del fenómeno social del consumo de sustancias. En especial, es fundamental una acción de Estado que facilite la resignificación del fenómeno, es decir, deconstruir parte del pensamiento social basado en la discriminación que guía la actuación del sistema de salud local a través de sus instituciones y profesionales. El tránsito de una mirada tradicional hacia un enfoque de derechos es un camino que la ciudad de México ya no puede evitar, pues el impacto para la calidad de vida de sus ciudadanos será un claro indicador de una toma de decisiones en el momento oportuno. Estamos a tiempo.

* Educador callejero y consultor internacional en poblaciones callejeras y derechos de la infancia.
1 Caso documentado ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a través de la queja presentada el 1º de noviembre de 2006.
2 Nombre asignado entre los usuarios de sustancia a los solventes inhalables que se puede adquirir en centros comerciales, tlapalerías y lugares clandestinos.
3 Lester C. Thurow, El futuro del capitalismo: cómo la economía de hoy determina el mundo del mañana, Buenos Aires, Ed. Javier Vergara, 1996.
4 José Antonio Marina, El rompecabezas de la sexualidad, Barcelona, Anagrama, 2002; Zygmunt Bauman, Amor Líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos en la moderna sociedad líquida, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005.
5 Alonso Monteverde, Globalización y capitalismo, México, Plaza y Janés, 2002.
6 Otras expresiones de exclusión social que limitan o niegan el ejercicio de los derechos son las diferencias raciales, la condición de género, la edad, entre otras.
7 Mirada que considera de menor valía, incapaz o carente de decisión propia a las personas que reciben un servicio social (público o privado), por lo que
el benefactor asume la tutela y decisión aun en contra de la voluntad de su objeto de protección. Es una forma de desprecio a la calidad humana, a las capacidades intelectuales y derechos humanos de la persona que recibe atención en instituciones privadas o programas públicos.

Fuente: http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=dfesep07discriminacionyolvido